La gestión del agua en España se enfrenta a desafíos cada vez más apremiantes, con consecuencias directas en la economía del país. Representando cerca del 20% del PIB nacional, la disponibilidad hídrica se erige como un pilar fundamental para numerosas actividades económicas.

Sin embargo, la realidad es que el agua en España es un recurso escaso y su escasez está destinada a aumentar. Con el 75% de la Península Ibérica en riesgo de desertificación y la proyección de que 27 millones de españoles podrían vivir con escasez de agua para el año 2050, el desafío es innegable. El sector del agua se encuentra en la primera línea de esta batalla.

El déficit de inversión en el sector es una preocupación crítica, alcanzando aproximadamente los 20.000 millones de euros, con más de 2.000 millones necesarios anualmente para el mantenimiento adecuado de las infraestructuras. Comparado con otros países de la Unión Europea, la inversión en el sector hídrico español es un 60% inferior. Además, más del 40% de la red de abastecimiento y alcantarillado se encuentra próxima a la obsolescencia estructural, y las inversiones de reposición han disminuido en un 40%.

La implementación de la Directiva Marco del Agua se ve obstaculizada, con un incumplimiento del 68% en municipios, principalmente debido al déficit en la depuración, lo que ha generado multas cercanas a los 32 millones de euros.

El cambio climático agrava aún más la situación, reduciendo la disponibilidad de agua debido al déficit de precipitaciones y a la regulación hidrológica. El llenado de embalses en otoño-invierno ha caído por debajo del 20%, evidenciando la gravedad de la situación.

En este contexto, urge una política hídrica que garantice la gestión eficiente y sostenible del recurso. Es esencial conocer la utilización real del agua y asegurar su distribución equitativa, así como mantener y mejorar el patrimonio hidráulico del país.

La modernización del regadío se presenta como una necesidad imperante, con medidas que incluyen la reducción de dotaciones, el riego deficitario y la aplicación de tecnologías como la digitalización y la inteligencia artificial para optimizar el uso del agua. Es posible que en 2050 sea necesario incrementar la producción de alimentos un 70%, y ello hará cada vez más necesario el apoyo de las técnicas de innovación (IT).

También, debe hablarse del abastecimiento urbano, que además de ser un elemento vital para la población, representa en España casi un 25% de la demanda. Ello requiere de la adecuada previsión de atención a las demandas, así como el incremento de recursos convencionales - superficiales regulados y subterráneos - y no convencionales - desalación, desalobración y regeneración - para un “mix” que correctamente gestionado ofrezca la necesaria garantía a una racionalizada demanda.

Además, sectores clave como la industria y la energía deberán adaptarse a las nuevas disponibilidades hídricas, buscando alternativas sostenibles y eficientes. Nuestra producción hidroeléctrica y la refrigeración de centrales deben mantenerse operativas. Esperando incrementar la potencia instalada de 3 a 7 GW en centrales reversibles que son la mejor opción para la integración modulada de las eólicas y fotovoltaicas.

En este escenario, la actualización del Plan Hidrológico Nacional emerge como una prioridad, así como la búsqueda de un Pacto Nacional del Agua que garantice una respuesta coordinada y responsable ante los desafíos presentes y futuros. La diversidad climática en los distintos territorios españoles clama por un reequilibrio razonable entre cuencas excedentarias y deficitarias como respuesta solidaria a las previsibles repercusiones del cambio climático.

A pesar de los desafíos, queda claro que la capacidad de adaptación de la humanidad ha sido probada a lo largo de la historia, y con un enfoque colectivo y comprometido, es posible superar los retos actuales en la gestión del agua en España.