Autor: Jorge E. Lucas Herranz, Decano del colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Castilla y León.

Publicado por: El Día de Valladolid

Con razón, de unos años largos a esta parte, el paradigma de la planificación hidrológica y de la gestión del agua en nuestro país ha cambiado: no se trata tanto de aumentar las políticas de oferta como, sobre todo, de gestionar mejor las demandas. Pero conviene no olvidar primeramente que, de no haber infraestructuras hidráulicas, no podrían cubrirse muchas de las demandas, por más que se optimicen y minimicen estas; valga como ejemplo el anuncio reciente de la Generalitat de Cataluña, que invertirá 2.400 millones de euros para aumentar en un 30 por ciento la disponibilidad de recursos hídricos.

En una región como la nuestra, con regímenes de estiaje ya de por sí muy acusados, el cambio climático provocará, así lo prevén los propios planes hidrológicos, que las aportaciones hídricas acusen una minoración notable y una mayor irregularidad temporal; de ahí que, para conseguir una transición hidrológica exitosa, los embalses deben seguir jugando un papel determinante, ya que aquí no existe la opción de desalinizar aguas del mar, ya sea para asegurar el abastecimiento humano y de uso industrial con una garantía suficiente, ya sea para preservar o incrementar los actuales caudales ecológicos, ya sea para hacer más resilientes y medioambientalmente sostenibles nuestras ciudades y pueblos.

Es por ello que no debería desdeñarse por principio, y aun con carácter excepcional, la construcción de alguna nueva balsa o pequeña presa de regulación. Es el caso, por ejemplo, de las balsas de Las Cuezas, que ya están en proyecto, con una capacidad de solo 90 hectómetros cúbicos y sin apenas afecciones medioambientales o el recrecimiento de algunas de las presas existentes, o la transferencia coyuntural de recursos, o la recarga de acuíferos, etcétera, como
herramientas válidas de política hidrológica y especialmente indicadas para la nueva gobernanza del agua.

Dicho lo anterior, y como decíamos al principio, qué duda cabe que han de primarse las políticas de gestión de la demanda por sobre cualesquier otras. A este respecto, y por ser el uso con mayor consumo de agua, es claro que debe de seguir apostándose, y con urgencia inversora, por la modernización de todos los regadíos existentes; no en vano, en nuestra región el agua no sólo ha de contemplarse como un bien público y medioambiental irremplazable, sino también como elemento definitorio de cualquier estrategia territorial: la fijación de población en el mundo rural pasa necesariamente por sostener la agricultura de regadío y las industrias agroalimentarias vinculadas.

En cuanto al ciclo urbano e industrial del agua, las premisas deberían de estar también claras: circularidad y resiliencia. Así, es urgente que se implementen cuanto antes los planes de emergencia para sistemas de abastecimiento que atienden a más de 20.000 habitantes; en el caso de Castilla y León, 15 sistemas , tal como establece el Plan Especial de Sequías vigente de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Entre otras medidas de ahorro y aseguradoras de la resiliencia cabe mencionar, como principal, una mayor regeneración y reutilización de las aguas residuales, aumentando notablemente la inversión requerida para la modernización de numerosas estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR), que cuentan con una antigüedad promedio de 20-30 años en nuestra región. Por otra parte, para optimizar la gestión integral del ciclo del agua se quiere obligado y urgente apostar sin mayor demora por la digitalización: big data, inteligencia artificial, monitorización, gemelos digitales, etc.

Está previsto que el PERTE de digitalización del ciclo del agua movilice una inversión de 3.060 millones de euros . Por último, también debería darse una mayor coordinación entre administraciones en relación, por ejemplo, con la fijación de precios para cubrir costes de explotación y ajustar las dotaciones, contribuyendo así a un mayor y más uniforme ahorro de agua en los distintos municipios.

En suma, en un escenario de emergencia climática la prioridad ha de ser clara: gestionar mejor la demanda, pero tampoco deberían desecharse por
principio algunas políticas de oferta complementarias. O, cuando menos, debería de abrirse cuanto antes un debate sin restricciones apriorísticas; así,
por ejemplo, la conveniencia y oportunidad de demoler presas, que no son sino una herramienta más a nuestra disposición para resolver problemas hídricos; no sería justo ni sensato, demonizarlas . Y es que los efectos del fenómeno del cambio climático, desconocidos hasta la fecha en magnitud y celeridad, requieren actuaciones urgentes, coyunturales pero también estructurales. Y ello, con el máximo consenso posible. Nos jugamos todos mucho.