El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha presentado el documento a la Federación Española de Municipios y Provincias el documento El problema de la vivienda y el suelo en España. Nuevas políticas urbanas para la ciudad del 2050. Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio entregó a Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la FEMP este análisis en el Palacio de la Magdalena de Santander durante el XI Foro Global de Ingeniería y Obra Pública, organizado por el Colegio y la Fundación Caminos durante los días 26 y 27 de junio.

El documento está elaborado por el Comité Técnico de Agenda Urbana, Ciudades y Patrimonio del Colegio. En él se indica que “las etapas de transformación de las sociedades suelen conllevar fuertes tensiones en el mercado de la vivienda” y sitúa a España en un momento de “profundos cambios muy relacionados con las necesidades de vivienda”, como el teletrabajo, el cambio en el modelo de hogar, el incremento de la esperanza de vida, la movilidad laboral o el incremento de las migraciones.

En el análisis se advierte de que persisten “fuertes desequilibrios estructurales que se manifiestan dramáticamente en las graves dificultades a las que se enfrentan muchos hogares para acceder a una vivienda y a un entorno urbano de calidad”.

El Colegio propone soluciones estructurales además de la normativa o la fiscalidad “se deben acompañar de soluciones estructurales que afronten las causas últimas del problema de una manera rápida, coherente y persistente en el tiempo”.

Uno de los focos principales del análisis está en el suelo: “La producción depende de una serie de recursos previos ajenos al libre mercado, y muy especialmente del suelo urbanizado”, por lo que “la acción pública urbanizadora resulta esencial”. El Colegio recomienda la necesidad de actuar sobre el parque ya existente: “La regeneración y recualificación de nuestros tejidos urbanos es un reto inaplazable”, no sólo para ampliar la oferta, sino para construir “ciudades más saludables y bioclimáticas, con menores consumos energéticos y emisiones”.

En el análisis se destaca el papel de las infraestructuras urbanas: “La acción integral sobre los espacios urbanos y metropolitanos no debe olvidar el papel clave que en ello juegan las infraestructuras y los equipamientos”, desde la movilidad al ciclo del agua, o desde los espacios libres hasta la adaptación a las nuevas tecnologías.

Asimismo, se advierte de la urgencia de ampliar los servicios públicos de vivienda: “Urge un serio esfuerzo de ampliación del parque público de viviendas, así como avanzar con firmeza y valentía en fórmulas de gestión más eficaces para asegurar alquileres asequibles”. Y en este contexto, se subraya la necesidad de “crear un marco urbanístico estable, ágil y transparente para el desarrollo de la acción pública y la iniciativa privada”.

El documento también alerta sobre la lentitud de los procesos urbanísticos frente a otros tipos de infraestructuras, lo que dificulta la puesta en marcha de nuevas soluciones habitacionales: “Es necesario revisar y agilizar los sistemas de colaboración privada en la materia para que el urbanismo pueda desarrollar todo su potencial”.

La calidad del entorno y de la vivienda se plantea como un derecho, no sólo como un bien económico: “La adquisición de una vivienda supone el mayor esfuerzo económico de la mayoría de las familias”, y por ello, “es esencial la cuestión de la calidad de vivienda y de su entorno urbano”.

La mirada de futuro está muy presente en las recomendaciones del Colegio: “En el horizonte del 2050 podemos lograr avances muy relevantes, atajando radicalmente el consumo energético de las viviendas y del conjunto de la ciudad”, con una visión estratégica que huya del “urbanismo coyuntural y la vivienda de usar y tirar”.

Finalmente, el Colegio propone una “nueva y vigorosa agenda de acción pública urbana”, basada en la colaboración institucional y privada, con el objetivo de “garantizar el derecho de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y a un entorno de calidad”.

Según recoge el texto, este enfoque requiere “un nuevo y potente ciclo de inversión en materia de suelo, regeneración urbana, equipamientos colectivos y ampliación de los parques públicos de vivienda”, con los ingenieros de caminos como “aliados imprescindibles para asegurar racionalidad, eficiencia y la prestación del servicio público en beneficio de toda la ciudadanía”.